CAF destaca que 57% de la electricidad es producida con fuentes renovables en la región y aborda rol de combustibles fósiles en la transición energética

"Esta nueva transición energética es un fenómeno complejo y transformador de la economía en su conjunto". Esta es una de las principales premisas que plantea el nuevo Reporte de Economía y Desarrollo (RED) del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) titulado "Energías renovadas: Transición energética justa para el desarrollo sostenible" que aborda los desafíos simultáneos de hacer crecer el ingreso por habitante de manera considerable y sostenible, disminuir los niveles de emisiones y reducir la desigualdad en los próximos años. 

Para aprovechar las oportunidades y sortear los desafíos asociados a esta transición, el banco -cuya misión es impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional- indica que la región deberá manejar un abanico de políticas que trasciende el ámbito puramente energético, "reconociendo la importancia de incorporar una agenda de productividad, de inclusión y de manejo macroeconómico para lograr el desarrollo sostenible". 

“El 75% de las emisiones actuales vienen de países de ingresos medios y bajos; por ello, la adopción de medidas en esa dirección exclusivamente por el mundo desarrollado sería insuficiente”.

En esa línea, enfatiza en que cada país experimentará la transición energética con la velocidad que le convenga, adoptando estrategias y políticas adecuadas a su realidad y sus posibilidades, pero considerando la dinámica de la transición energética global, particularmente la de los países desarrollados.

Recogiendo que la evidencia científica apunta a que, a los ritmos actuales de emisiones, quedan un poco más de 28 años para limitar el incremento de la temperatura en 2ºC con respecto a la era preindustrial o apenas nueve años para el umbral de 1,5ºC, plantea que el mundo desarrollado ha tenido una mayor responsabilidad en las emisiones históricas, puesto que su contribución representa el 45% del total (las de América Latina y el Caribe explican solo el 11%), pero esto no exime a ningún país o región de realizar esfuerzos para limitar los gases de efecto invernadero liberados y frenar el aumento de las temperaturas. 

"El 75% de las emisiones actuales vienen de países de ingresos medios y bajos; por ello, la adopción de medidas en esa dirección exclusivamente por el mundo desarrollado sería insuficiente", sentencia.

Bajo esa óptica, en la que se ha llevado al consenso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente las originadas en el consumo de energía, el informe reconoce que la región tiene una matriz eléctrica relativamente limpia (57% de la electricidad es producida con fuentes renovables, superior al 36% correspondiente al registro mundial), pero recuerda una advertencia en medio del proceso.

Si bien indica que teóricamente se podría garantizar la continuidad del suministro con fuentes no contaminantes, incorporando capacidad de reserva suficiente, teniendo una matriz diversificada geográficamente y, en lo que respecta a tecnologías de generación empleando tecnologías de almacenamiento, "es posible que algunos sistemas requieran mantener capacidad de generación despachable, basada en combustibles fósiles, para asegurar el suministro y dotar de flexibilidad al sistema, especialmente durante la transición". Incluso, dice que, en el largo plazo, el mantenimiento de esas alternativas fósiles puede requerir tecnologías de captura de carbono para contrarrestar el impacto en emisiones. 

En el reporte se exponen acciones desde el lado de la oferta y la demanda como algunas políticas transversales. Entre estas últimas destacan el precio del carbono que incluye los mercados de carbono y los impuestos al carbono, y las tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono. "Incluso en los escenarios más optimistas de descarbonización, las energías fósiles siguen apareciendo como necesarias, ya sea como respaldo de la generación eléctrica renovable o como insumo en las industrias de difícil descarbonización", se precisa sobre este último aspecto. 

También, a lo largo del escrito se identifica que los objetivos climáticos planteados a escala global implican que la transición debe ocurrir en tiempos relativamente acelerados, lo que podría conllevar, al menos en su etapa inicial, un costo más alto de la energía frente a alternativas energéticas actuales: "En el corto plazo, la transición puede generar empobrecimiento energético dado que las fuentes renovables pueden no estar disponibles con la extensión necesaria y existe un potencial de encarecimiento de las fuentes fósiles debido a políticas como el impuesto al carbono". 

Otro elemento que aborda es el rol del gas. Si el 50 % del uso de carbón y de combustibles derivados del petróleo en América Latina y el Caribe se sustituyera por gas natural, dice, se alcanzaría una reducción directa equivalente al 6,5% de las emisiones de la región. Y añade que, para potenciar el rol del gas en la descarbonización, resulta clave adoptar medidas de eliminación de las emisiones fugitivas que erosionan la ventaja que tiene este producto.

Consultado por DF sobre la necesidad que aún hay de combustibles fósiles en medio del avance de la matriz en energías limpias y su reflexión sobre la "permisología" en Chile, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, indicó, entre otros aspectos, que el tema de permisología es esencial. "Y personalmente creo que, si tenemos claro que va a haber producción de petróleo hasta mediados del siglo, América Latina no puede sustraerse de esa conversación", dijo.

"Solamente, para tener un orden de magnitud, tenemos US$ 15 trillones en gas natural en la región. Esos son casi entre diez y 12 años de ingresos fiscales de toda América Latina. Eso está en gas natural hoy en la región y gas natural, que es una energía de transición. Entonces hay que ver también cómo América Latina va a utilizar sus piezas o sus herramientas en la mano para poder terminar el proceso de transición".

En la panorámica, el informe destaca que durante el siglo XXI América Latina redujo las emisiones por unidad de producto en un 0,7% anual y el Caribe en el 1,9%, pero no fue lo suficiente para contrarrestar el impacto conjunto del crecimiento poblacional y del PIB per cápita. Como consecuencia, agregan, las emisiones aumentaron el 1,7% en América Latina y el 1,6% en el Caribe. Por esto, se alerta que "para crecer vigorosamente y minimizar el impacto de este crecimiento en términos de emisiones, la región debe reducir aún más la intensidad de emisiones y la intensidad energética".

Hidrógeno y rol de la leña

En el reporte se reconocen dos alternativas tecnológicas para obtener combustibles limpios que reemplacen a los de origen fósil: el primero está formado por los combustibles de origen agropecuario y el segundo, por el hidrógeno y sus derivados.

De acuerdo al reporte, en la región, el hidrógeno se produce actualmente a partir de gas natural (76%) y de carbón (casi el 23%). Menos del 1% de la producción actual de hidrógeno proviene de plantas que funcionan con energías renovables o combustibles fósiles con tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Eso sí, se sincera que, actualmente, la producción de H2 limpio es poco competitiva y su distribución sumamente costosa. Por esto, para que el hidrógeno pueda sustituir a los combustibles fósiles "debe abaratarse su producción y, sobre todo, hay que superar la barrera de la dificultad de transporte y almacenamiento". 

En tanto, un aspecto que no es alejado a nivel local es el rol que sigue teniendo la leña. De acuerdo al reporte, en 1970 esta era la principal fuente de energía residencial en 23 de 27 países analizados, alcanzando un promedio del 58 % del total de consumo residencial. Y en 2021 este lugar lo ocupó la electricidad. En general, el uso de energías sucias en el consumo residencial, que incluye, además de leña, queroseno, pasó del 82 % en 1970 al 36 % en 2021.

Aunque el rol de la leña ha disminuido en el consumo residencial en todos los países, se señala que en algunos sigue siendo la fuente más relevante, con un 61 % del consumo total en promedio. "Estos países son los de menor ingreso per cápita (entre ellos, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua), Chile, donde se usa para calefacción, y Colombia, Paraguay y Perú, donde se emplea principalmente para la cocción de alimentos", se puntualiza.

A la hora de las oportunidades y desafíos, entre otros, se destaca que los países productores de hidrocarburos enfrentarán un "doble choque" por la potencial reducción de los ingresos fiscales y externos. Pero, la transición energética no sólo impactaría solo a ellos, sino también -se sostiene- a los importadores de energía. "Dentro de este grupo se distinguen dos conjuntos de países. Por un lado, están los importadores de energía con alto potencial de producción energética a partir de fuentes renovables, como Chile. Para estos países, se abre una ventana de oportunidades, ya que pueden generar ingresos fiscales mediante la explotación de estos recursos y, a la vez, reducir la importación de energía, mejorando sus cuentas externas", dice.

Otras consideraciones

En cuanto al desafío de incentivos para la generación y estructura de costos de las ERNC, expertos señalan -dice el reporte- "que se debería migrar desde sistemas basados en tarifas volumétricas a esquemas basados en cargos fijos, cuidando de no comprometer la asequibilidad". 

En cuanto al desafío de mejorar el acceso de los hogares a electricidad de calidad, plantea que el desafío supone actuar en múltiples dimensiones. La primera es contener, dice, el impacto del gasto en electricidad en el presupuesto del hogar: "Para ello se pueden utilizar dos herramientas: subsidios focalizados y tarifas eléctricas crecientes por bloques. No obstante, la penetración de las ERNC puede favorecer una migración hacia esquemas tarifarios con mayor importancia del componente fijo, lo que puede ir en contra de la asequibilidad". 

En promedio, los hogares gastan un 6% de su presupuesto en energía, mayormente en electricidad, superando el 10% entre los más pobres de algunos países. Esto puede -puntualiza el reporte- ser un desafío para la remoción de subsidios a la electricidad, que en algunos países de la región (9 de 32) superan un punto del PIB.